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Médicos denuncian crecimiento especulativo de juicios por mala praxis

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Las demandas pasaron de 15 a 30 mensuales
en los últimos cinco años.
Afirman que en más del 90%
de los casos los fallos favorecen al médico.
Sin embargo, es rentable para los abogados.

 

Entidades médicas platenses y de la ciudad de Buenos Aires comenzaron a organizarse para enfrentar lo que consideran un crecimiento “exorbitante y especulativo”
de la industria del juicio por mala praxis que, en los últimos cinco años duplicó el número de demandas en el país, al pasar de 15 a 30 juicios mensuales.

Según coinciden los representantes de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, la Agremiación Médica Platense y el Colegio de Médicos,
el fenómeno se agiganta desde hace una década fogoneado desde la sombras, “por estudios jurídicos inescrupulosos que trabajan en connivencia con profesionales
de la medicina  que tienen como causa común lucrar con la salud”.

Según datos del Colegio de Médicos distrito I, hace diez años en el Gran La Plata se registraban unas cinco denuncias anuales por responsabilidad profesional
o “mala praxis”. El año pasado, en tanto, hubo 58 demandas y en lo que va de este año ya se contabilizan 42. Sin embargo, más del 90 por ciento se resuelve a favor del médico.

La Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires (AMM), entidad que nuclea a 41 mil médicos afiliados en todo el país, reveló que hace cinco
años Seguros Médicos S.A.-la aseguradora creada por esa asociación para hacer frente al fenómeno-, registraba alrededor de 15 demandas mensuales por
responsabilidad profesional. Ahora esa cifra trepa a 30 juicios al mes y cada vez son más las especialidades involucradas.

Al respecto, Gonzalo Hernández, presidente de la Agremiación Médica Platense contó que desde el mes pasado cuentan “con el seguro de la AMM
para darles cobertura gratuita a nuestros 4 mil médicos agremiados; la intención es brindarles apoyo económico y legal frente a esta industria del juicio,
que ha experimentado un crecimiento exorbitante y cien por ciento especulativo”. En ese sentido, advirtió que “una cosa son las demandas frente a una
negligencia o impericia evidente, y otra muy distinta es tergiversar los hechos y forzarlos para que unos pocos hagan negocio a costa de nuestro trabajo”.

RENTABLE

Todos coinciden en que bajo las condiciones actuales, la industria del juicio es de lo más rentable para los abogados: el código procesal civil permite que
el paciente cuente con el beneficio de litigar sin gastos y, a su vez, que pueda pedir cifras de resarcimiento siderales. Además, es habitual que quienes
demandan sean asesorados para que no sólo se inicien acciones contra el médico sino también contra la clínica, la obra social o la prepaga que autorizó las prácticas.

Incluso, aun cuando el fallo es favorable para el profesional, es el médico o su aseguradora la que debe pagar el 50 por ciento de las costas. En síntesis:
para los abogados sigue siendo redituable. Encima a los profesionales de la salud “se les puede iniciar un juicio de este tipo hasta diez años después del acto
médico en cuestión”, detalló Jorge Gilardi presidente de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires (AMM).

“Todo ese dinero redunda en el desfinanciamiento de los servicios de salud: lo que se gasta en juicios no se usa para tecnología,
capacitación o más recursos humanos”, afirmó.

Hasta hace unos años especialidades como cirugía, obstetricia, tocoginecología y traumatología eran las más demandadas.
Ahora son cada vez más diversos los especialistas involucrados y hasta se incluye a los odontólogos.

“Hay situaciones irrisorias, como el de una dermatóloga que hizo una interconsulta para asesorar sobre la aplicación de un
suero a un paciente de 85 años con una compleja patología abdominal y que luego fue denunciada, junto con el resto de los
profesionales que intervinieron, por homicidio culposo”, contó Pablo Gatti, tesorero del Colegio de Médicos y especialista en
Medicina Legal quien advirtió sobre la carga de angustia, estrés y enfermedad que provocan estos procesos en los profesionales de la salud.

MEDICINA DEFENSIVA

Frente a este panorama los médicos confiesan que se sienten cada vez más amedrentados a la hora de tomar decisiones y muchos
asumen  estar a la defensiva ante el paciente.

De hecho, ya en la década del 90, la literatura médica inglesa acuñó el concepto defensive medicine para hacer referencia a esta
actitud que, según Gilardi, puede darse por quite o por suma: “A modo de reaseguro algunos médicos evitan prácticas que se usaron
durante años y que pueden ser útiles pero implican algunos riesgos o, por el contrario, exageran en la indicación de estudios y análisis
aumentando gastos y agotando al paciente”.

Para el presidente de la AMM, el aumento de las demandas se vuelve contra la sociedad misma, se traduce en una constante alza de los
costos en salud y, lo que resulta más grave aún, “en la ruptura de la confianza mutua que debe primar en la relación médico-paciente”.

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El presidente de la Agremiación Médica Platense, Gonzalo Hernández, explicó que desde el mes de julio los 4.000 mil afiliados de esa
entidad cuentan con la cobertura gratuita de una aseguradora para los casos en que son demandados por presunta responsabildad profesional.

“Lo ofrecemos a partir de un convenio firmado con la Asociación de Médicos Profesionales de la Ciudad de Buenos Aires que cuenta con
la empresa Seguros Médicos S.A”, detalló. Y agregó que si bien ésta es una medida más a favor de la defensa del trabajo médico “nuestra
lucha va más allá: creemos que las entidades médicas debemos unirnos para bajar los índice de juicios por responsabilidad profesional”.

En ese sentido, apuntó al logro de lo establecido en el Acta de Pilar, firmada durante un encuentro de representantes de la salud del
Mercosur en 2002, que solicitaba al Poder Legislativo una reforma legal para reducir a dos años el plazo de prescripción de las acciones

personales por responsabilidad civil derivadas del ejercicio profesional, la modificación de los beneficios de litigar sin gastos, la limitación
de los montos indemnizatorios por daños y perjuicios además de la exigencia de que los jueces deban recurrir en forma obligatoria a los
informes técnicos emanados de los cuerpos científicos.

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